EL FRAUDE LABORAL DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ, UNA SENTENCIA POR ACATAR

Se define la justicia como el principio moral a obrar, juzgar y respetar la verdad con objeto de dar a cada uno lo que le corresponde.

Supuestamente un político, una persona designada por el pueblo para cumplir un determinado ministerio, debería, a priori, estar más próxima si cabe de dicho principio pues en ello le va la tarea, la encomienda, esa atribución pública que la ciudadanía brinda al político, ese representante del pueblo, para que actúe en consonancia y con el mayor desempeño posible.

Sin embargo, a estas alturas de la película, todos sabemos ( y no es necesario tirar de hemeroteca porque por fortuna o desgracia hay mucha) que ese principio fundamental hace aguas en las turbulencias del poder, en su propio desangrado, en sus batallas particulares, en todo aquello que puede fraguar una victoria, en muchos casos, a cualquier precio.

Cuando se trata de dar a cada uno lo que le corresponde, el sistema está suficientemente articulado para que ese obrar, juzgar y respetar sea sometido a la valoración de su máximo exponente: las autoridades judiciales. Siempre puede haber controversias, fricciones pero una vez expuestas y rebeladas cada una de las posiciones y sus posibles defensas argumentales, lo que no podrá negarse bajo ningún concepto es la tutela del poder judicial, la aceptación de un veredicto que elimina dicho desencuentro y retoma las voluntades en tiempo y modo.

Porque la vida continúa.

Es realmente, por tanto, execrable que un político ralentice esa continuidad o que se muestre esquivo al funcionamiento del buen orden y el sostenimiento de esas relaciones.
Las sentencias están para cumplirse. Su negación o falta de cumplimiento no forman parte de ese bagaje de privilegios que han conquistado insalubremente nuestra clase política.

Ahora en Cádiz ( y seguro que ayer y también mañana) la política y su función pública obvia una sentencia que determina como nulos los despidos realizados , cesión ilegal de trabajadores y readmisión de éstos en sus puestos de trabajo en la Diputación de Cádiz.

Posiblemente a la Sra. Irene García Macías , esa parálisis de la vida entorno a 13 familias afectadas por tal expediente le resulte tan solo una artimaña más del poder, un resquicio legal en el cual sustentarse para alargar de forma inmoral e incoherente lo que por derecho es ya una realidad: el reconocimiento de dicha sentencia judicial y la admisión inmediata de los trabajadores al lugar que representa su sustento de vida.

Es evidente Sra. García que usted no obra en consecuencia sino que lapida incluso su corte generacional, los ideales que reflejan su perfil público pues ya se sabe que las palabras son fáciles pero que en acciones vemos realmente esa altura moral necesaria para que esa vida continúe.

No debe usted pues emitir ningún juicio porque éste ya se ha celebrado. Y quedan otros tantos con la misma causa y otros trabajadores.
La sentencia, insisto, ha sido clara, firme, contundente y nadie debe prometer lo que no ha de cumplir.
Y quizás, mucho menos, usted, que se debe al legado de nuestra soberanía, al mandato que le fue encomendado.

Acate usted la sentencia ( me consta los esfuerzos para evitar el conflicto o prorrogar esta situación inverosímil) ya que lo único que le queda en esta encrucijada sin sentido es mostrar su respeto a la verdad.

Recuerde, Sra. Irene García, Presidenta de la Diputación de Cádiz y Secretaria Provincial del PSOE de esta ciudad, para que cada uno tenga lo que le corresponde.

Y que esta vida continúe a pesar de la que está cayendo, con este confinamiento, los miles de muertos y ese panorama económico que nos llena de incertidumbre.

Reflexione y sea usted justa.